Prevención del delito y la violencia en América Latina: ¿Qué funciona?

Por Andreas Hein. Psicólogo, Universidad de Chile. Magister en Sociología, Pontifica Universidad Católica de Chile.

La preocupación por entender y elaborar políticas públicas de abordaje de la delincuencia y la violencia ha cobrado gran relevancia en numerosos países del mundo. En el marco de las múltiples estrategias de abordaje y de intervención sobre fenómenos de desviación social asociados a la violencia y la delincuencia (V&D), se distinguen tradicionalmente las estrategias “de control”  de aquellas estrategias “de prevención”. Las estrategias de control son tradicionalmente asociadas al uso de recursos punitivos administrados por el sistema judicial. Estas involucran a jueces, fiscales, tribunales en general, y también a las policías. Las medidas de control actúan normalmente “post facto”, es decir, una vez ocurrido un hecho que se puede calificar como una trasgresión de algún tipo de convención social (formal o informal).

Si bien las estrategias de control han sido históricamente la principal herramienta de abordaje de los problemas de violencia y delincuencia, se ha podido observar en los últimos 30 años un auge importante en el desarrollo de políticas públicas pasadas en enfoques preventivos del delito. Los enfoques preventivos buscan, en términos gruesos, abordar el problema de la delincuencia, anticipándose a esta, abordando las causas que la originan. Diversos autores coinciden en que la prevención cobra fuerza como concepto en la década de los 80 en Norteamérica y Europa, en el contexto de una época que se ha descrito como de alta desesperanza frente a los logros que habían obtenido hasta entonces las políticas carcelarias y de control tradicional para abordar el problema del delito. La prevención es vista como una respuesta ante el “Nothing Works”, dado que la presión del público seguía clamando por resultados en materia de control del delito. Desde entonces se han invertido  importantes recursos tanto en el desarrollo de investigación académica como en el caso de programas proyectos y acciones directas de prevención, dando lugar a un cúmulo importante de literatura en la materia. Muchas experiencias y revisiones de literatura se encuentran publicadas online por diversas agencias gubernamentales y no gubernamentales.

Sin embargo la prevención, y la evaluación de sus resultados tiene ciertas complejidades. Por un lado el objeto mismo de la delincuencia es complicado de abordar. Si hay consenso sobre algo,  en relación a las causas de la delincuencia, es que estas son “múltiples y complejas”. Esta complejidad requiere esfuerzos técnicos importantes que van desde el desarrollo de sistemas confiables de estadísticas hasta la solución, detección y resolución de obstáculos que impiden implementar adecuadamente programas de intervención sobre problemas delictuales.

Al mismo tiempo es posible observar que el desarrollo de políticas de prevención del delito, a diferencia de otras políticas, como por ejemplo las campañas de vacunación, es un tema altamente conflictivo. El debate al que puede estar sujeta la implementación de una campaña de vacunación va a estar, en la mayoría de los casos, restringido a la deliberación sobre potenciales beneficios o los potenciales los costos que pueda tener. En el caso del desarrollo de la prevención del delito, el debate respecto a potenciales beneficios (reducción y potenciales costos), es solamente uno de los aspectos que se encuentran en juego en el debate. El debate en torno al problema del delito es usualmente altamente politizado, y las decisiones tomadas parecieran en ocasiones estar más dirigidas a “calmar a la opinión pública” que a tomar medidas reales que apunten a sus causas profundas y contribuyan de este modo a un manejo efectivo de los problemas delictivos de un país. Esto está íntimamente relacionado con el problema de fondo que toca el debate de la delincuencia. Podríamos atrevernos a proponer que la acción sobre problemas delictivos y su prevención no solamente implican un reto técnico (responder eficientemente a la multicausalidad), sino que también involucran un desafío implícito poco reconocido, que tiene que ver con la clarificación de una postura ética frente al problema. Esto último debido a que ningún ejercicio de intervención preventivo es neutro y siempre va a estar diseñado desde la perspectiva, y en ocasiones,  bajo los intereses de determinados grupos sociales.

La introducción del concepto  de “prevención del delito” en América Latina no ha estado exenta de polémica y hasta ha sido vista con cierto escepticismo. Se ha planteado que los modelos preventivos desarrollados en el nivel internacional (particularmente países de origen de la prevención) no necesariamente pueden ser aplicados del mismo modo en América Latina. Esto exige que tales modelos sufran importantes adaptaciones producto del aprendizaje desarrollado a través de la implementación de acciones preventivas en el nivel local. Esto sin embargo, pareciera haberse convertido en un ejercicio extraordinariamente problemático.  En la actualidad, si bien existe numerosa literatura de corte académico sobre los problemas generales que se observan en el contexto latinoamericano para implementar políticas de prevención, resulta difícil hacer un balance respecto de lo que ha significado la introducción del concepto de “prevención del delito” y sus teorías tradicionalmente asociadas en América Latina, en términos de los resultados obtenidos por diversas iniciativas (salvo contadas excepciones), y sobre todo de los aprendizajes que se han desarrollado a partir de la experiencia aplicada.

En esto resulta relevante destacar que la “prevención” no debe ser considerada como una mera declaración de intenciones, como muchas veces se parece observar, si no que como una práctica concreta que debe demostrar que tiene resultados. En otras palabras, las prácticas y políticas de prevención no deben juzgarse por lo que pretenden, si no que por lo que efectivamente logran.  Es necesario transitar desde una filosofía meramente simpatizante del concepto de la prevención, a la construcción de una disciplina específica capaz de desarrollar conocimiento, métodos y prácticas contextualmente pertinentes, pero sobre todo, que puedan demostrar que tiene valor y que pueden aportar a la reducción de problemas delictivos.

En este contexto, un interesante movimiento académico conocido como el “desarrollo de políticas basadas en evidencia”, o “políticas informadas por la evidencia” busca sistematizar y proveer a tomadores de decisiones, información actualizada (basada en investigación de alto nivel de rigurosidad), sobre temas críticos en el debate de políticas públicas. Este movimiento se inspira en Donald Campbell, quien en 1969 publica el trabajo “Reforms as Experiments” (reformas como experimentos) donde plantea la necesidad de que las reformas en materia de política social generasen evidencia sobre su impacto y efectividad, de modo de permitir seleccionar las medidas que funcionan, corregirlas y descartar las que no funcionan. Así mismo constata que la mayor parte de los programas que buscan abordar,  paliar o prevenir determinados problemas sociales, concluyen sin una evaluación interpretable acerca de sus efectos. En la actualidad el movimiento “What Works” se ha organizado en colaboraciones como la Cochran Collaboration (en salud y medicina) y la Campbell Collaboration   (en ciencias sociales). Estas organizaciones publican a través de sus páginas web, revisiones sistemáticas y metanálisis de estudios de evaluación de impacto en distintas materias, siendo el ámbito de la justicia y la prevención del delito un ámbito relevante (predominantemente en la Campbell Collaboration).

Coloquialmente conocido como el, movimiento “¿What Works?” (¿Que funciona?), esta tendencia ha tenido un especial impacto en el ámbito de la justicia y la prevención de delito. El movimiento ha sido criticado tanto por el exceso de sofisticación metodológica que promueve (supuestamente inviable de implementar en regiones como América Latina) como por su escaso poder informativo sobre porque determinadas intervenciones funcionan. A este enfoque se contrapone usualmente el enfoque de estudio de las buenas prácticas, de naturaleza cualitativa, al que  se centra más en la producción de procesos coherentes y pertinentes de intervención, pero que rara vez aporta evidencia concluyente respeto de sus resultados. A esto se suma que la mayor parte de las investigaciones desarrolladas en la materia se basa en muestras y programas norteamericanos, europeos y nórdicos

A la base de este debate existen numerosas controversias secundarias, que van desde temas financieros (costo de evaluaciones rigurosas) a epistemológicas (¿es posible medir impacto?). Más allá de los debates antes mencionados, el dilema básico que el movimiento “¿What Works?” propone abordar sigue siendo válido para la región.  Siendo la violencia un problema relevante, ¿en qué y de qué modo vale la pena invertir los siempre escasos recursos que se tienen a la mano?

Con esto no se quiere decir que lo que hoy se hace no funciona, si no que los programas y políticas actuales suelen tener importantes dificultades para demostrar que tienen resultados, lo que a su vez impide la selección de programas e iniciativas más adecuadas. En este sentido, el desarrollo de una disciplina de la prevención en América Latina sigue siendo una tarea pendiente, en términos de contar con una teoría y métodos regionalmente contextualizados, y  sustentados en evidencia que permitan valorizar las prácticas preventivas existentes.

Son revisiones de conjuntos de estudios de evaluación en un mismo tema. En los metanálisis estos son sometidos análisis estadísticos secundarios que hacer inferencias sobre determinado tipo de intervención aumentando la potencia estadística de las conclusiones.

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