Arresto Ciudadano: ¿Una solución o un problema más de inseguridad ciudadana?

Por General PNP (r) Enrique Yépez Dávalos

En el nuevo Código de Procedimientos Penales que el año 2007 entró en vigencia en el Perú, específicamente en los Distritos Judiciales de Huaral y La Libertad y se implementará en el Distrito Judicial de Lima Metropolitana, establece en su artículo 260, que toda persona está facultada para aprehender a los autores de delitos flagrantes y ponerlos a disposición inmediata de la autoridad policial para la investigación pertinente.

Esta polémica medida traerá consecuencias en su aplicación por tratarse de una norma de aplicación cotidiana. En este sentido cada uno de nosotros tiene una opinión fundamentada al respecto, por tanto, sin tratar de influir ni mucho menos condicionar sus puntos de vista al respecto, permítanme exponer las mías, señalando previamente algunos criterios a favor y en contra de este importante tema.

Argumentos a favor:

  • La necesidad de involucrar a la población directamente en la lucha contra la delincuencia común, es positiva, sobre todo en aquellos lugares donde la presencia policial es reducida y muchas veces inexistente. En este sentido, se fortalecería la vinculación entre la comunidad y la policía para desarrollar acciones conjuntas.
  • Una de las preocupaciones de los ciudadanos y del Gobierno es la inseguridad ciudadana en todos los estratos sociales, con mayor incidencia en los sectores pobres. Con esta medida la comunidad tendría la oportunidad de organizarse, “autoprotegerse” y apoyar a la policía para evitar que estos hechos se incrementen.
  • Los jueces, fiscales y policías tendrían en la comunidad su principal aliada para reducir la delincuencia social. Sería una medida excepcional donde la ciudadanía colabora con la función policial y con la justicia, evitando que el delincuente se fugue.
  • En muchos asentamientos humanos y sectores populares de las principales ciudades, no existe una rápida respuesta de la policía frente a los requerimientos ciudadanos y cuanto llega un vehículo patrullero o efectivos policiales – si es que llegan-, lo hacen con mucho retraso. Si los vecinos tuvieran la oportunidad de detener a personas que están cometiendo delitos flagrantes, podrían entregarlos rápidamente a la policía cuando se presente al lugar de los hechos, generándose una positiva relación ciudadano-policía.
  • Los efectivos policiales siempre serán insuficientes en relación a la explosión demográfica de nuestras ciudades, motivo por el cual es necesario que la comunidad colabore con la policía capturando a infractores de la ley en caso de delitos flagrantes.
  • En los sectores rurales el arresto ciudadano se hace más apremiante, ahí  estaría a cargo no solo de las rondas campesinas que tienen ya facultad para sancionar y retener a presuntos responsables de delitos de abigeato en virtud de la Ley No. 27908, sino todos los pobladores.
  • Los servicios de serenazgo (ciudadanos que trabajan en seguridad preventiva contratados por algunos municipios del Perú),  y los vigilantes de cuadra o de barrio, (jóvenes desempleados que son contratados directamente por los vecinos de una calle o manzana para ejercer tareas de vigilancia), tendrían facultad de intervenir y detener (actualmente no la tienen), cuando no se encuentra el custodio del orden y poner al presunto autor a disposición de la policía.
  • Se implementarían “redes locales de lucha contra el delito” conformadas por efectivos del serenazgo, vigilantes de barrio, radio taxistas, moto taxistas, etc. para apoyar el esfuerzo de seguridad de efectivos policiales de las comisarías. Ante un hecho delictivo flagrante acudirían prestos en auxilio de la víctima y comunicarían de inmediato a la policía para su detención.
    Argumentos en contra
  • El Estado estaría trasladando la responsabilidad que tiene de otorgar seguridad a los propios ciudadanos.
  • La función de policía es inherente al Estado y ésta se ejecuta a través de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes tienen la facultad de detener, investigar y sancionar ante la comisión de un hecho delictivo flagrante. En este marco, la facultad de detener no puede ser delegada a la comunidad, al ciudadano, so pretexto de afianzar la seguridad porque entraríamos a una espiral de violencia difícil de contener.
  • No podemos exponer al ciudadano a reacciones violentas e impredecibles de aquellos que teniendo la ventaja de estar armados y seguramente bajo los efectos del alcohol y de las drogas, ejecuten actos delictivos.
  • El remedio puede ser peor que la enfermedad. No se puede facultar a los ciudadanos a tomar decisiones que les corresponden a personas que han sido preparadas para este propósito, que son los policías.
  • En una sociedad como la nuestra, en permanente evolución y cambio, se necesita ante todo de sentimientos cohesivos y de fortalecimiento de valores en lugar de ahondar conflictos.
  • La población sobre todo de estratos pobres, ante la comisión de un hecho delictivo, pueden confundirse, como se ha producido en anteriores oportunidades, y señalar como autor o autores de los hechos a personas inocentes. Incluso los presuntos responsables pueden ser objeto de juicios populares y de “justicia por mano propia”, atentando contra los derechos humanos.
  • El Estado estaría entrando, quizás sin proponérselo, a la aplicación de una política de mano dura  en la lucha contra el delito, debiendo por el contrario, fomentar estrategias preventivas, educativas y de reinserción intersectorial, donde la comunidad tiene un gran campo de acción sobre todo para mejorar la calidad de vida de jóvenes y adolescentes en riesgo.
  • Si la ley otorga la facultad de detención a los ciudadanos en casos de delitos flagrantes, con mayor razón deben tenerla los “servicios de serenazgo”, la policía municipal, los vigilantes de cuadra, las juntas vecinales de seguridad ciudadana y las rondas campesinas. Tendríamos un sin número de criterios, formas de acción y procedimientos, muchos de ellos contrapuestos para intervenir ante la comisión de delitos flagrantes.

CONCLUSION

Ambas medidas tienen aspectos positivos y negativos tanto para el Estado como para la comunidad.  Es importante, dejar de lado, los aspectos negativos y construir una propuesta en base a los aspectos positivos que conllevan ambos criterios.

En la lucha contra el delito no se debe ser ambiguos porque el avance de la delincuencia es cada día más intenso y no admite vacilaciones. Esto, no significa que se deban  diseñar estrategias de “mano dura” o de tipo carcelarias, porque éstas no  han tenido el éxito esperado en la lucha contra el delito.

Por otro lado, ninguna policía en el mundo ha alcanzado el nivel de autosuficiencia como para ignorar la participación de sus ciudadanos; por el contrario, a medida que pasa el tiempo, la participación ciudadana es cada vez más intensa, no solo en actividades preventivas, educativas y de reinserción, sino también en algunos aspectos de vigilancia y control del delito, sobre todo en aquellos territorios donde la vigilancia policial es poca o nula.

Por lo tanto, una propuesta estaría orientada hacia la participación ciudadana como una medida excepcional en el arresto de personas que estén cometiendo delitos flagrantes, siempre y cuando la norma esté debidamente reglamentada y exista una intensa campaña de concientización por los medios de comunicación, para evitar que los ciudadanos se expongan, sin proponérselos, a situaciones graves que podrían poner en riesgo sus vidas, o, caso contrario, por exceso de celo comentan arbitrariedades.

En este marco, se debe informar adecuadamente a la población sobre la correcta interpretación y aplicación del “delito flagrante” que se configura:

  • Cuando una persona es descubierta cometiendo un delito (como se dice popularmente “con las manos en la masa”).
  • La persona es sorprendida cometiendo un delito pero logra huir, siendo perseguida y ubicada dentro de las 24 horas de producido el hecho.
  • La persona es encontrada, dentro de las 24 horas de producido el hecho, con objetos o huellas que revelen que acaba de cometer un delito.

Los momentos posteriores al hecho pueden incluso ser objeto de diversas interpretaciones, como por ejemplo ¿qué sucede si el arresto no se produce ante un delito flagrante, por mala interpretación o aplicación de la ley?, las personas que efectuaron el arresto serían denunciados por delito de secuestro (artículo 152 del Código Penal).

Esta capacitación a los ciudadanos debe incluir conceptos claros sobre el término de ARRESTO CIUDADANO que no significa DETENCION. La detención es una facultad inherente de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. El Arresto Ciudadano debe ser considerado como una APREHENSION momentánea hasta que llegue la policía para hacerse cargo del problema.

Los programas de capacitación deben ser aún más intensos para los servicios de serenazgo, policías particulares y vigilantes de barrio, que amparados en este dispositivo legal se pueden creer en el “derecho” de detener a los ciudadanos ante supuestos delitos flagrantes. Esta campaña de capacitación debería ser liderada por los Comités Locales de Seguridad Ciudadana presidida por los alcaldes, como los primeros interesados en establecer con claridad los límites de esta medida.

Considerando que el “arresto ciudadano” es una medida polémica, esta es una primera opinión al respecto. Sería interesante que especialistas en el tema se pronuncien sobre el particular..

1 comment

1 Anonymous { 01.14.14 at 1:14 am }

esta muy bueno

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