Elementos para la construcción de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana

Por Claudia Patricia Gómez Rojas
Magíster en Estudios Latinoamericanos
Asesora en temas de convivencia, seguridad ciudadana y defensa nacional

El siguiente texto es un extracto de la ponencia del mismo nombre, la que fuera presentada en el “Congreso Internacional de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Pública” que se realizara en Jalisco, México, desde el 25 al 27 de octubre de 2006.

¿Qué es una política pública de seguridad ciudadana?

Una política pública de seguridad ciudadana es un conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad. En este sentido toda política pública de seguridad ciudadana debe, por principio, responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo éstos como problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio público.

Debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte estratégico de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan, así como los objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se diferencie de las políticas sociales y urbanas.

Dicho lo anterior, es importante pasar a explicar algunos elementos que deberían ser tenidos en cuenta por las autoridades al momento de diseñar, implementar y evaluar una política pública de seguridad ciudadana.

Toda política de seguridad ciudadana debe generar valor público

La generación de valor público sólo es posible cuando existen procesos de negociación y acuerdo político acerca del problema público que afecta a una colectividad y la forma como ésta, con el concurso de las autoridades, pretende solucionarlo. Lo que nos lleva a concluir que el valor público, en la medida en que responde a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos, es percibido por el conjunto de la sociedad, al ser consumido y disfrutado por la colectividad como un todo y no de manera individual.

Coordinación interinstitucional e intrainstitucional

Teniendo en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana convoca tantos actores como intereses, es fundamental garantizar la coordinación interinstitucional e intrainstitucional de las acciones que se desarrollan, a fin de garantizar la no duplicidad de acciones, la utilización adecuada de los recursos, la sostenibilidad de las acciones desarrolladas, y aumentar las posibilidades de garantizar evaluaciones de impacto y de gestión más certeras. En toda política pública de seguridad ciudadana debe ser clara la articulación entre los componentes y acciones que desarrollan las instituciones vinculadas al tema.

Consustancialidad entre las políticas públicas de seguridad ciudadana y otras políticas públicas

Si la seguridad personal es una parte de la seguridad ciudadana y ésta a su vez es un elemento fundamental de la seguridad humana, resulta lógico pensar que la política de seguridad ciudadana de cualquier jurisdicción debe ser consustancial con las políticas en educación, salud, recreación, cultura, empleo, justicia y demás ámbitos. Siempre debe existir coherencia entre la política de seguridad ciudadana y las demás políticas desarrolladas por las autoridades. Esa relación entre sí, garantiza la complementariedad de las acciones, lo que a su vez permite pensar que los avances en materia de educación y cultura, por ejemplo pueden verse reflejados de manera positiva en las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana de una comunidad. La consustancialidad entre las políticas de seguridad ciudadana y las demás políticas públicas sólo es posible cuando se tiene una visión integral de la noción de seguridad y se busca un desarrollo humano sostenible.

Integralidad de las políticas públicas de seguridad ciudadana

No hay que olvidar que la violencia y el delito son fenómenos sociales complejos que no pueden ser enfrentados con una sola estrategia. Por el contrario, requieren de una política que incluya iniciativas dirigidas a los diversos factores vinculados al aumento de las problemáticas. En este sentido, no hay que casarse con acciones propias del enfoque de mayor control y represión, ni quedarse solamente realizando acciones de tipo preventivo, puesto que más que una dicotomía entre estos dos enfoques, lo que existe es una inmensa complementariedad. La construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana requiere, entonces, del trabajo coordinado e interinstitucional en múltiples frentes, de forma tal, que sea posible la interrelación entre diversas instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil y la comunidad en general.

La seguridad ciudadana es una responsabilidad local

Si la seguridad ciudadana es entendida como un bien público, lo que sugiere que debe ser prestado por el Estado, y al mismo tiempo es un derecho de los ciudadanos, resulta obvio pensar que es responsabilidad de las autoridades, en todos sus niveles, garantizar: primero, la prestación de este servicio público y, segundo, la vivencia de este derecho por parte de todos los ciudadanos. Dado lo anterior, y reconociendo que la razón fundamental de ser de las instituciones de seguridad y convivencia de los Estados son los ciudadanos, uno de los retos fundamentales de las autoridades, tanto nacionales como locales, es garantizar el cumplimiento de este derecho.

Corresponsabilidad como principio rector de la política, las estrategias y las acciones en seguridad ciudadana

Reconocer que la seguridad ciudadana es un bien público, un derecho que genera deberes, y tener como punto de referencia los conceptos de desarrollo humano sostenible, seguridad humana e integral, nos permite inferir que la construcción de dinámicas de convivencia y seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que, por el contrario, es también una tarea de diferentes instancias socializadoras. En este sentido, las políticas públicas de seguridad ciudadana deben articularse en torno al criterio de corresponsabilidad, entendido éste no sólo como una relación en dos vías que debe darse entre las autoridades en todos sus niveles, sino como una relación en dos vías que debe existir entre las autoridades, la sociedad y el individuo.
Importancia de las normas

Cuando se hace referencia a la importancia de las normas en la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana, ésta no sé limita a sugerir que las normas que regulan los comportamientos de los ciudadanos tanto en el espacio público como privado deben ser claras, coherentes entre sí, conocidas por todos, entendidas por todos, sino también a la necesidad de que exista uno o varios actores que verifiquen su cumplimiento y sancionen su incumplimiento.

Toda política pública de seguridad ciudadana debe generar capital social

El concepto de capital social hace referencia a las normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación entre un grupo de individuos para beneficio mutuo. En esta medida, un alto nivel de capital social reduce los costos de transacción, produce bienes públicos y facilita la constitución de organizaciones de base, efectivas y saludables. Bajo esta lógica, éste se convierte en un bien público.

Participación ciudadana un elemento a tener en cuenta en el desarrollo de acciones, programas y planes de seguridad ciudadana.

La participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales en la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana. No obstante, es un elemento que debe ser manejado con suficiente cuidado y respeto tanto por los ciudadanos como por las instituciones del Estado. Uno de los primeros problemas a los que se enfrentan los funcionarios encargados de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad ciudadana es establecer ¿Qué ciudadanos participan? Pregunta que puede tener múltiples respuestas: todos los ciudadanos que quieran y puedan; todos, porque es su obligación y su deber; los representantes de los ciudadanos; los líderes innatos de una comunidad; los ciudadanos que se encuentren organizados bajo alguna figura jurídica. Esto conduce a una nueva pregunta ¿Cómo pueden participar estos ciudadanos?, la que sugiere el diseño de una serie de mecanismos o la organización de ciertas formas de participación innatas en la comunidad, pero que, por sobre todas las cosas, y de acuerdo con las experiencias vividas en América Latina, no debe conducir a la comunidad a asumir al extremo el rol de vigilantes o reguladores del orden social, generando fenómenos como los linchamientos o el vigilantismo.

Conclusiones

Primero, las problemáticas propias de la seguridad ciudadana afectan a todos los ciudadanos de forma directa o indirecta en diferentes magnitudes y con disímiles consecuencias. Esto ocasiona que cualquier posible solución, por parte del Estado para remediarlas, siempre va a estar rodeada de un sinnúmero de intereses particulares, lo que a su vez hace más difícil la gestión de esta temática desde la administración pública, además de disminuir la posibilidad de lograr satisfacer a todos los ciudadanos al mismo tiempo y en igual medida.

Segundo, todas las problemáticas que se relacionan con el tema de la seguridad ciudadana siempre deben encontrar una respuesta desde la institucionalidad estatal, motivo por el que las gestiones que se lleven a cabo deben ser integrales, coherentes y evitar la duplicidad de esfuerzos y la pérdida de recursos.

Tercero, es necesario entender que no resulta posible confrontar los problemas de inseguridad sin romper las vallas de desconfianza y frustración que imposibilitan la cooperación entre las autoridades, y entre éstas y la ciudadanía. Ello sugiere la necesidad de programas y acciones en doble vía, en los que la participación de los ciudadanos se constituya en un vértice fundamental de las acciones emprendidas, generando de esta forma capital social.

Cuarto, la lucha contra la violación al derecho humano a la seguridad necesita de estudios más complejos y menos demagógicos. Además requiere de acciones más efectivas e inteligentes, que permitan diseñar políticas públicas de seguridad ciudadana integrales y estratégicas, que superen el síndrome del terror, el corto plazo y soluciones que privilegien el uso de la fuerza y las restricciones de libertad.

Quinto, las políticas públicas de seguridad ciudadana no sólo deben tener su sustento filosófico en la noción de derechos humanos, sino que deben ser concebidas para garantizar los derechos humanos. En este sentido, deben rechazarse las políticas que criminalizan y estigmatizan ciertos sectores sociales y propender por políticas inclusivas que protejanlos diversos actores.

Sexto, toda política de seguridad ciudadana debe tener presente la defensa de los derechos humanos de los procesados por delitos, de las víctimas de delitos y en general de toda la sociedad.

* Ver ponencia completa (PDF)